jueves, 6 de diciembre de 2012

Día De La Constitución


Treinta y cuatro añitos y cada vez la quieren menos. Hoy se celebra el trigésimo cuarto aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española de 1978, en medio de una grave crisis económica e institucional. Me asomo a la ventana y no veo banderas prendidas en los balcones. La gente no está para historias. Me entero de que van a hacer un fiestorro institucional, como todos los años, el día del cumpleaños de la chica. Será en Madrid, en el Senado, porque el Congreso está en obras. A esta entrañable representación, acudirán las autoridades (electas) de los partidos que, más o menos, son el soporte actual de la Constitución: PP, PSOE, UPyD, Coalición Canaria e Izquierda Unida.

Para mí, es más llamativa la lista de los que no acudirán: Convergencia y Unió, por primera vez, hace novillos y eso que uno de sus miembros, don Miquel Roca Junyent, fue uno de los “padres” redactores del texto constitucional; tampoco irá el PNV, que ya en su día aconsejó votar “no” a una Carta Magna que no reconoce suficientemente la primacía específica, inmarcesible e imperecedera de los derechos inalienables del Pueblo al que de manera imprescriptible representan; tampoco los flamantes representantes (democráticos, gracias al Tribunal Constitucional) de ETA, cualquiera que sea su nombre esta temporada, acudirán, como es previsible, ni estarán los de Esquerra Republicana de Catalunya, ni los de otros partidos minoritarios, igualmente desafectos a lo que se celebra.

Me pregunto si esta, digamos, dejación de sus obligaciones representativas, les acarreará algún perjuicio económico, como a mí cuando estaba en activo y hacía huelga. Sospecho que no: una cosa es abominar de un Estado opresor y despreciar su orden constitucional y otra, muy distinta, dejar de aprovecharse de sus contribuyentes. Esto sería de tontos, como negarse a coger un día de fiesta porque no participan de los motivos de la celebración, ¿quién haría esta estupidez? O sea, harán fiesta, se picarán la función y cobrarán. Faltaría más.

Para estos “huelguistas” blindados, me voy a dar el placer de copiar aquí algunos párrafos de los primeros artículos de la Constitución, para que todos sepamos lo que esta gente no aprecia ni celebra:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.”

“Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Despediré este sentido homenaje con un par de acotaciones. Uno. Independientemente de lo nefastos y sinvergüenzas que sean los miembros y miembras de la casta política, son nuestros representantes y no tenemos otros; en todo caso cabría decir que cada país tiene los políticos que se merece (yo, en esto, creo a pies juntillas) y es analfabeto y ridículo reclamar a estas alturas un salvapatrias-populista o un visionario-antisistema-asambleísta-y-republicano, para salir del atolladero. Que se presenten y ya les votaremos (o no).

Dos. Pese a que la presente Constitución nos ha dado un apreciable periodo de estabilidad política y de imperio de la ley, no ha sido la más duradera de las constituciones españolas: la de 1876, (la de la Restauración) duró hasta 1931 (Segunda República), esto es, 55 años. Y aunque a algunos escandalizó la reciente modificación constitucional, la del famoso límite al déficit público, que sepa que la Constitución de 1876 se podía alterar con una simple votación parlamentaria, es decir, era más flexible.

Hemos disfrutado más de lo que creemos de la era del consenso: larga vida a la Constitución de 1978.

 

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